Condena por masacres no borra el horror
Por Ángel Páez LIMA, 2 oct (IPS) - "Mi hijo Javier recibió ocho balazos, uno por cada año que tenía. Ese dolor no se puede borrar con una sentencia", dijo a IPS Rosa Rojas, familiar de dos de las víctimas de la masacre de Barrios Altos de 1991 en Perú, cuyos principales responsables fueron condenados esta semana. El ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y el ex jefe del Ejército Nicolás Hermoza, número dos y tres respectivamente en el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), recibieron el viernes condenas de 25 años de prisión por haber autorizado la formación de un comando secreto que ejecutó a 25 personas.
Por su parte, los generales en retiro Julio Salazar, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, y Juan Rivero, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, recibieron idénticas penas.
Santiago Martin Rivas, el mayor del Ejército que encabezó ese escuadrón de la muerte conocido como "Grupo Colina", y el mayor Carlos Pichilingüe, que actuaba como su mano derecha, también purgarán 25 años de presidio.
El 7 de abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel como autor mediato de los crímenes cometidos por el escuadrón.
Montesinos se había declarado inocente de los cargos, pero durante el juicio se pudo demostrar que coordinaba directamente los asesinatos con Martin Rivas.
El ex asesor de Fujimori ya había recibido en 2006 una condena a 20 años de cárcel por su participación en el contrabando de fusiles para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999. Sin embargo, la ley peruana no considera acumulables los años de penitenciaría.
La Primera Sala Penal Especial que preside la jueza Inés Villa concluyó que 19 ex altos mandos y agentes planificaron, aprobaron y consumaron el asesinato de 15 civiles en el vecindario limeño de Barrios Altos (3 de noviembre de 1991), de nueve campesinos de la localidad de El Santa, ubicada a seis horas al norte de Lima (2 de mayo de 1992), y del periodista opositor Pedro Yauri (24 de junio de 1992).
De acuerdo con la sentencia leída en la Base Naval del Callao, donde se instaló el tribunal por razones de seguridad, el gobierno de Fujimori alentó la formación de un "comando de elite" de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército para ejecutar acciones de represalia cada vez que la organización maoísta Sendero Luminoso cometía ataques.
El tribunal determinó que ninguna de las víctimas era miembro de Sendero Luminoso, como argüía la defensa de los militares para justificar los asesinatos.
"Estamos satisfechos con las sentencias, pero no felices. Nada aliviará el dolor que llevamos dentro", dijo a IPS Rosa Rojas, esposa de Manuel Ríos, de 31 años, y madre Jesús Ríos, de ocho años, ambos asesinados en Barrios Altos. "Por fin se hizo justicia. Tardó muchos años, pero por fin llegó", añadió.
"Manuel y yo vendíamos dulces. Javier era nuestro hijo mayor. Teníamos dos niñas más. Yo estuve el día que entraron los asesinos y dispararon a matar. Fueron muy crueles", contó.
Por la matanza de un profesor y nueve estudiantes de la universidad La Cantuta, perpetrada por el mismo escuadrón de la muerte el 18 de julio de 1992, un grupo de agentes ya había sido condenado hace dos años, y el destino de otros acusados se encuentra pendiente de resolución
Por los crímenes de Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, la Primera Sala Penal sentenció a los ex componentes del escuadrón a penas de entre 15 y 20 años de cárcel.
La abogada de los familiares de las víctimas de Barrios Altos, Gloria Cano, de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, se manifestó conforme en general con el fallo, aunque hizo algunos cuestionamientos.
"No estamos conformes con la absolución del coronel en retiro Víctor Silva Mendoza, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército", dijo a IPS. "Él se encargó de proveer el armamento y la logística para el grupo cometiera los asesinatos. La defensa va a solicitar la nulidad del fallo en relación a Silva".
Cano también señaló que algunos agentes se acogieron a la figura legal de la confesión sincera y que por dicho mecanismo se les redujo la condena de 25 a 15 años o menos.
"Consideramos que dicha confesión no es completa porque los ex agentes que participaron en los asesinatos del periodista Pedro Yauri y los nueve campesinos de El Santa no revelaron la ubicación del entierro de los cuerpos", indicó Cano.
"Mientras los cuerpos sigan desaparecidos, los familiares seguirán sufriendo. No merecían una reducción de pena porque no han dicho toda la verdad", agregó.
La lectura de la sentencia estaba programa para la mañana del viernes, pero el tribunal la suspendió porque Montesinos y los militares entonaron el himno del Ejército, en un abierto desafío a la justicia.
La audiencia fue reprogramada para la tarde, y Montesinos aprovechó la presencia de la prensa para fotografiarse con ejemplares de sus libros "Sendero: Alerta Temprana" y "Espionaje chileno".
Jesús Sosa, un confeso asesino en serie que ejecutaba a sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso por orden de sus superiores, levantó el puño en alto y lanzó vivas al Ejército.
Durante el proceso, los acusados justificaron los delitos bajo el argumento de que estaban "en guerra contra el terrorismo".
Rosa Rojas relató a IPS que desde que mataron a su esposo y a su hijo mayor no sólo sufrió tristeza, desolación y rabia por la falta de justicia, sino también el acoso y las amenazas de militares para que se mantuviera en silencio.
"Yo fui testigo de los hechos, por lo tanto les resultaba incómoda. Intentaron varias veces hacernos daño a mí y a mis hijas. Fueron muchos años insoportables, pero hemos conseguido vivir para ver que se hiciera justicia", explicó.
"Pero no puedo decir que estoy feliz ni alegre, porque si bien los culpables van a pagar 25 años de cárcel, van a recibir el cariño de sus padres, esposas e hijos, mientras que yo no tengo a mi esposo ni a mi hijo. Yo jamás podré sentir el amor de ellos. Ninguna sentencia te los devolverá con vida", dijo Rosa Rojas.
Once ex militares fueron absueltos por diversos motivos. Varios de los condenados anunciaron que apelarían. Ahora el expediente del largo y tortuoso proceso judicial pasará a manos de la Corte Suprema para confirmar, reformar o rechazar la sentencia.
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